Un reciente informe advierte que la inflación y la recesión económica debilitaron gravemente la canasta básica de alimentos en los barrios populares. A pesar del incremento en la ayuda directa del Gobierno para personas en situación de vulnerabilidad, esta no resultó suficiente para mitigar el impacto del aumento de precios. Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2024, preparar un guiso costó un 151% más, reduciendo la capacidad de compra a 54 platos en lugar de los 74 que se podían cocinar a fines de 2023.
Efectos de las políticas del gobierno
El estudio, elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), detalla el “desmantelamiento de políticas agroalimentarias” en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Según el informe, las políticas de ajuste provocaron una caída de la actividad económica, un aumento del desempleo y una disminución del poder adquisitivo, haciendo que “cada vez sea más difícil comer bien”. El informe identifica tres tendencias: la concentración del sistema agroalimentario argentino, la eliminación del apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (ACFI) y el abandono estatal de la asistencia alimentaria.
Incremento de precios y ganancias del sector
El informe destaca que, en el mismo período, los precios de los alimentos aumentaron un 128%. Argentina ocupa el primer lugar en inflación nominal en alimentos, según el Banco Mundial. Se observa que, mientras los precios al consumidor subieron un 111%, la participación del productor en el precio final disminuyó del 12% en marzo de 2023 a entre un 5% y un 8% en junio de 2024.
Críticas a la asistencia social
Aunque se reforzaron las políticas de transferencia directa, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el informe señala que estos aumentos resultaron insuficientes para contrarrestar el efecto de la recesión, lo que provocó un incremento en los niveles de pobreza e indigencia.
Consecuencias para las organizaciones sociales
Las organizaciones sociales enfrentan una creciente crisis alimentaria, con el cierre y debilitamiento de comedores y huertas comunitarias. Estos espacios experimentaron una reducción en la cantidad de comidas y la calidad nutricional ofrecida, además de la falta de semillas y apoyo técnico. La caída del consumo y el aumento del desempleo también impactaron negativamente en el negocio del reciclado urbano y en las oportunidades de empleo informal.
Desafíos sociales y económicos
El informe concluye que la percepción negativa sobre las organizaciones sociales aumentó, dificultando su labor en un contexto de creciente necesidad. Según Federico Orchani, del CELS, “hay sectores que están saliendo a la calle, porque el dato de la economía real es lo que está pasando”.
Gentileza de Infonews Cooperativa.-
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