“Se ha presentado al subsidio como una mala palabra, lo cual es mentira”

 

Nota gentileza de Diario El Tiempo:

 

Fue el ex juez Luis Arias quien lo aseguró. Lo hizo al hablar con este diario antes de su llegada a Azul donde brindará la charla “Los servicios públicos son derechos”. Para el abogado platense, debe volverse al sistema de subsidios ya que los tarifazos de los servicios públicos trajeron como consecuencia, sobre todo, la pérdida de “miles y miles de fuentes de trabajo”. Hizo referencia, además, a un necesario cambio de la Constitución y también a su destitución como juez provincial.

 

Esta noche estará en Azul el ex juez Luis Arias para disertar sobre el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos.

Al hablar con este diario antes de llegar a esta ciudad, el abogado se refirió a los tarifazos de los servicios. Según su visión, es necesario que el gobierno vuelva a los subsidios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, porque de lo contrario se seguirán perdiendo fuentes de trabajo.

Unido a eso, hizo hincapié en la necesidad de un cambio constitucional y también a reformas profundas en el Poder Judicial.

También fue consultado por su destitución, días atrás, como titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata. Sobre esto, señaló que su remoción es estrictamente política y “una verdadera infamia”.

Tarifas.

En lo que hace a las tarifas, Arias ha tenido una activa participación. En 2012, suspendió un aumento tarifario del 180 por ciento de ABSA -Aguas Bonaerenses-, y lo mismo hizo con los tarifazos en 2016 y en 2017, “todos por las mismas razones”, remarcó, para luego explicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “estableció estándares muy precisos en el caso CEPIS para los usuarios de gas residenciales, focalizando en la perspectiva de los derechos y no desde la perspectiva económica”.

El caso al que hace mención es el amparo colectivo que inició el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros contra el Ministerio de Energía y Minería por los aumentos de la tarifa de gas. En agosto de 2016, la Corte Suprema resolvió anular las resoluciones de ese Ministerio que habían establecido un nuevo régimen tarifario para todos los usuarios, sin llamar a audiencia pública previa.

El abogado marcó que “en el fallo, la Corte expresó que el derecho a los servicios públicos forma parte del derecho a la vivienda y estableció estándares, como la necesidad que las tarifas sean justas y razonables, no confiscatorias y asequibles, fundamentalmente, es decir que se puedan pagar”.

En ese sentido, advirtió que alquilar un inmueble o comprarlo a través de un crédito, más el pago de los servicios públicos “no debe representar una suma importante de los ingresos familiares, cosa que hoy se viola este principio porque la mayoría de la gente está pagando entre el 40 y el 50 por ciento de sus ingresos en servicios”.

Señaló, por ejemplo, que en Europa se estableció un tope del 10 por ciento para el caso de la energía. “Quien gasta más que eso, es un pobre energético. En Argentina, estimamos que más del 90 por ciento es pobre energético porque el salario no ha crecido en la misma proporción que el aumento de las tarifas, cuyos incrementos todavía no se han visto reflejados en su totalidad”.

Las tarifas de gas se revisan dos veces al año -en abril y octubre-, lo que traerá aparejado un aumento en el servicio eléctrico “porque la mayoría de las sociedades eléctricas funcionan con ese combustible”.

EL DATO:

Luis Arias será hoy el único orador en el ciclo de charlas “Fortalecimiento de las Instituciones – Tarifazos”, que organiza Radio Azul y que se llevará adelante en el Club Social y Deportivo San José -ubicado en Bolívar esquina San Carlos, del barrio Villa Fidelidad- hoy a las 20. Los otros disertantes que habían sido anunciados –Eduardo Barcesat, Graciana Peñafort y María Laura Garrigós de Rébori- no podrán asistir por razones personales.

Volver a los subsidios.

En ese marco, Arias entendió que la problemática que generan los tarifazos se supera “subsidiando las tarifas de servicios públicos, que es lo que se hace usualmente en el mundo”.

Añadió que “se ha presentado al subsidio como una mala palabra, algo que no se debe hacer, que está mal, que implica un esfuerzo del erario público. Todo lo cual es mentira. Argentina en 2015 subsidiaba menos que Chile o Estados Unidos, que no son precisamente países socialistas”.

Sostuvo que lo mismo pasa con China, “cuyo 20 por ciento del PBI está destinado a subsidiar servicios. Justamente por eso los productos argentinos o de cualquier parte no pueden competir con los chinos, además de que es verdad que hay una mano de obra barata”.

Asimismo remarcó que “en algún momento el carnicero de la esquina va a tener que optar entre mantener prendida la heladera o tener a su empleado, porque no va a poder hacer las dos cosas”.

Especial hincapié hizo en la situación de las pequeñas y medianas empresas que, según dijo, generan el 80 por ciento del trabajo en Argentina y “no pueden trasladar los aumentos a los precios porque la gente no lo puede pagar. Además, las PyMEs son generalmente consumidoras intensivas, no pueden soportar el precio de las tarifas, cierran y la gente se queda sin trabajo. Esta es la consecuencia, la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo”.

Advirtió en ese contexto que “en el interior se cree que el campo impulsa el progreso. No es así, porque el campo liquida la cosecha en dólares y ese dinero va a bancos extranjeros. Lo que da trabajo en la Argentina son las PyMEs”.

“Este gobierno demonizó los subsidios”.

Consultado si la eliminación de los subsidios no es ir sincerando la economía argentina, como sostienen distintos economistas, remarcó que “no. Sincerar es una palabra que utilizan los liberales y neoliberales que creen en la fuerza del mercado, en que hay que quitar todo tipo de regulaciones, de subsidios. Sincerar sería dejar al lobo suelto, abrir la puerta del gallinero y que la naturaleza opere. El Estado tiene que adoptar medidas activas para proteger el trabajo y el salario de todos los argentinos”.

Volvió así sobre su idea de que “este gobierno demonizó los subsidios porque decía que era un gasto del Estado a favor de todos los usuarios indiscriminadamente, los que tenían y los que no”, sin embargo advirtió que “hoy estamos pagando por servicio de la deuda externa muchísimo más que lo que pagábamos por subsidios. Y nadie dice nada”.

Por esto entendió que “la cuestión es en qué aplicamos los recursos de los argentinos. ¿En pagar deuda o en solucionar los problemas de trabajo a la gente, que es un derecho primordial”.

“Este sistema económiconos lleva al a ruina”.

Yendo al tema del trabajo, marcó que “se privilegia otorgándole a las PyMEs subsidios para que puedan pagar las tarifas, y no adoptando medidas como las que hay en este momento, como es la apertura de importaciones que ha provocado prácticamente la ruina de algunos sectores, como el textil o el de los alimentos”.

Sobre esto indicó como claro ejemplo el cierre de una empresa de referencia en Roque Pérez como es Criave. “La cuarta parte de la población de Roque Pérez se quedó sin trabajo porque cerró la planta porque no puede competir con los productos importados”. (en realidad a la empresa se le decretó el quiebre y siguen trabajando por menos salario con grupos empresarios que se estima responderían a los anteriores dueños).

Agregó que “hay que entender que gobernar es dar trabajo. En algún momento tenemos que cambiar nuestra Constitución poniendo el derecho al trabajo en primer lugar y que los gobiernos estén obligados a adoptar todas las medias necesarias para generar y conservar el trabajo”.

Siguiendo en esa línea, Arias señaló que “lo que sorprende es que los argentinos no tomemos conciencia de esta situación, que este sistema económico nos lleva a la ruina, a la pérdida de trabajo, al cierre de industrias, al endeudamiento, en definitiva, a estrellarnos contra un paredón, como ya nos ha pasado en otra oportunidad”.

Dijo que es necesario “tomar conciencia de la necesidad de proteger a las PyMEs, el trabajo, y no seguir las recetas neoliberales que se empezaron a aplicar en 1979 con Martínez de Hoz y que siguieron después en distintos gobiernos”.

Por último, advirtió que “desde el ’79 hasta ahora han pasado muchísimas cosas, terribles endeudamientos, crisis sociales, muertos. Hay que ver la historia para no volver a tropezar con la misma piedra”.

“ESTE GOBIERNO NO ADMITE QUE HAYA DIFERENCIAS”.

Hay quienes señalan a Luis Arias como un opositor sistemático a las decisiones del gobierno de la provincia, de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Respondió a esto asegurando que “no es así. Yo dicto sentencia, no soy un opositor, no soy un operador político. Hace 20 años que soy juez y he actuado de la misma manera con todos los gobiernos, lo que pasa es que este gobierno no admite que haya diferencias”.

Remarcó que tampoco admite el gobierno que haya tensiones, lo que entendió que “es lo más lógico que las haya entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque para eso está la división de poderes”.

Apuntó que “lo anormal, lo disfuncional es que no hubiera ninguna diferencia, que todos los poderes actuaran al unísono. En esa hipótesis, no tendría ningún sentido la división de poderes”.

Volviendo sobre sus resoluciones, Arias hizo hincapié en que “los mismos argumentos que utilicé para suspender el cuadro tarifario eléctrico en la provincia durante esta gestión de María Eugenia Vidal, los utilicé para suspender la tarifa de ABSA en 2012 cuando Daniel Scioli era gobernador”.

En ese marco, insistió en que “mis decisiones siempre fueron las mismas en defensa de los ciudadanos, de los sectores más vulnerables”.

Seguidamente, hizo una dura crítica al Poder Judicial. “Si uno quiere pasarlo bien dentro del Poder Judicial, lo puede hacer sin confrontar con el poder, sin dictar resoluciones que impliquen un conflicto con los poderes fácticos, económicos o constituidos, y el sueldo se lo pagan igual”, aseguró, para finalmente expresar que “esto es lo que normalmente existe dentro del Poder Judicial en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Porque los derechos están consagrados, pero no hay jueces dispuestos a hacerlos valer frente al poder”.

ARIAS Y SU DESTITUCIÓN COMO JUEZ.

El 15 de agosto pasado, Luis Arias fue destituido como juez -estaba a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata- luego de ser juzgado por 21 cargos. Por mayoría, el jury consideró probados los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad en una serie de hechos en los que fue acusado. Los cargos aluden a decisiones adoptadas en causas sobre derecho a la vivienda, derechos de personas privadas de la libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 y el número de víctimas.

El ex juez, al hablar con este diario aseguró que “los 21 cargos que me formularon son conflictos de competencia con otros jueces, son criterios y decisiones jurisdiccionales, es decir que no pueden ser revisadas por un tribunal político. A mí me juzgó un jury político”, en referencia a que salvo el procurador General de la provincia, Julio Conte Grand -que fue quien lo acusó-, los restantes 10 miembros del juicio no forman parte del Poder Judicial.

Añadió que “hay un criterio que tiene que ver con la independencia de los jueces, que está vinculado al contenido de nuestras sentencias. Para nosotros, existe la libertad de decidir conforme a nuestro criterio jurídico. Pero lo que han hecho acá es tomar una decisión de antemano, y luego le buscaron la vuelta como para formalizar esa decisión con un jurado seleccionado de modo irregular, sin seguir los procedimientos establecidos, con jurados de evidente parcialidad que rechazaron todos los planteos”.

Insistió en que “adoptaron la decisión y buscaron cómo ejecutarla a como diera lugar, como han hecho con un sinnúmero de situaciones, violando la facultad del Congreso y las decisiones del Poder Judicial”.

Arias dijo en ese sentido que “cuando alguien se interpone en el camino de esas decisiones previamente adoptadas, sufre las consecuencias”, por lo que entendió que su destitución es “estrictamente política”.

Advirtió asimismo que los 21 cargos que le formularon “tienen que ver con la protección de derechos humanos fundamentales. Ahí no hay ningún intento de beneficiar a ninguna parte en detrimento de otra, violaciones de mi deber de imparcialidad, no tengo denuncias de tipo patrimonial, ni de particulares, ni de abogados”.

Subrayó que “las denuncias que tengo son de la propia Corte, con quien tenemos un conflicto desde hace tiempo por la implementación del fuero”.

En los próximos, estará presentando un recurso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Si le es negado, lo hará en la Corte Suprema de la Nación, y si el resultado es negativo también irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana buscando una resolución favorable “porque esto ha sido una verdadera infamia, que no sólo tendió a destituirme sino también a desacreditarme ante la opinión pública”.

Diario El Tiempo.-