Una Ley para las Empresas Recuperadas en la provincia de Buenos Aires

La autogestión obrera es un fenómeno que se desarrolló en Argentina durante la década de los ’90 y fue consolidándose en el transcurso de treinta años de transformaciones productivas internas y globales, donde la constante pérdida de empleo obligó a los trabajadores a desarrollar estrategias de supervivencia.

Una especie de este modelo basado en el trabajo autónomo y cooperativo de los trabajadores son las empresas recuperadas, que han tenido una singular tasa de supervivencia, aún luego de haber pasado estos últimos cuatro años dónde la producción, el consumo y las políticas de asistencia han mermado de manera considerable.

Cerca de 8 mil familias viven y se alimentan de los ingresos de las empresas recuperadas por trabajadores. Es decir, alrededor de 40 mil personas se ven afectadas directamente por las políticas implementadas para este tipo de emprendimientos en nuestra provincia. Cuando hablamos de “viven” y “se alimentan” no es retórica. Este tipo de empresas ocupa a familias de muy bajos recursos que tienen como único medio de subsistencia la cooperativa. En general son familias de obreros que se ven empobrecidas a partir de la crisis que generan el vaciamiento y la corrupción empresarial, sin acceso al mercado laboral y en grave situación de vulneración social y económica.

Las estadísticas asimismo expresan que existen una tendencia hacia el crecimiento y continuidad de este tipo de proyectos que no se ha detenido desde la década de 1990. Esta tendencia se ha visto notablemente intensificada durante estos últimos años. La apertura de los mercados y el aumento de los costos de energía tiene una incidencia fulminante para dichas empresas que viven en una economía pequeña basada en el mercado interno. Esta situación ha hecho que muchas de las fábricas recuperadas empiecen a desaparecer o ser vendidas. Sin trabajo, la venta de las unidades productivas no es más que la antesala de la exclusión para estos trabajadores. El estado tiene el compromiso de mantenerlas en marcha y fomentar la competitividad.

Respecto de la continuidad de estos proyectos, el programa de la UBA ha detectado apenas un 10% de tasa de mortalidad en las empresas recuperadas por trabajadores lo que nos da una pauta por un lado que el sistema de recuperación empresas en Argentina funciona en la práctica, -más allá de las deficiencias que se le puedan achacar- y por el otro que este modelo, aún con la gravedad de la coyuntura, se seguirá presentando en la realidad política y económica de nuestra provincia, pues resulta una respuesta desesperada ante la crisis, que se ha profundizado.

Actualmente el problema sigue vigente, los trabajadores de empresas recuperadas siguen sin recibir una ayuda del estado que les posibilite despegar del conflicto de cierre y pasar a la producción, no poseen acceso al crédito y en general no tienen posibilidad real de dar marcha al proyecto que depende de la inyección de activos liquídos y de formación

La respuesta del Estado provincial ante este fenómeno no ha sido lo suficientemente amplia. Hasta la sanción de la ley 13.828, la política de la provincia solo se daba en la Legislatura. Desde 2002 hasta 2016 se sancionaron alrededor de 170 leyes expropiatorias que se fueron renovando con otras leyes cuando vencían. Dichas leyes se promulgaron sin una adecuada reforma legislativa, por lo que cuando llegaban al ejecutivo para que se efectuara el pago, debía iniciarse un juicio expropiatorio encausado dentro de la ley general de expropiaciones que incrementaba el valor de cada unidad productiva en millones de pesos.

No parecía razonable que el estado pague 15, 40 o 100 millones por una fábrica de 50 o 100 trabajadores, en el mejor de los casos, si no tenía capacidad de controlar lo que se hacía, a quién se dirigía el dinero, como se efectuaba la producción, si la empresa era viable, etc. máxime ante las enormes dificultades que tiene nuestro territorio en áreas tan sensibles como la niñez, la educación, la salud, seguridad, entre otras.

En Junio de 2008 el gobierno de Scioli promulgó la ley 13.828 que establece la creación del Fondo Especial de Recuperación de Empresas y obliga al estado a efectuar un examen de viabilidad de las empresas que se expropien, otorgando un plan de pago para la devolución de los montos que la provincia abonase por las unidades productivas.

Como es de esperar en estos casos la problemática creció exponencialmente a la luz de la ausencia real de regulación.

Como producto de esta política, la provincia afronta al menos  treinta y tres (33) juicios de expropiación inversa, lo que demuestra el fracaso total del sistema. Sumado a ello, los pedidos de reparación se consolidan por la doctrina que estableció la Suprema Corte Provincial a partir de las sentencias: “San Justo SAIC c Prov. de Buenos Aires s Expropiación Inversa” (SCBA, 11/03/2015, A. 70.913) y “Lavadero de Lanas el Triunfo S.A.C.I.F.I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa” (SCBA, 29/04/2015, A.2078). El problema que se genera es complejo, porque los juicios de estas características tienen un costo final para la provincia muy elevado, es excesivo incluso para las empresas recuperadas que finalmente deban afrontarlos.

En el 2016 al reunificarse la Confederación Nacional del Trabajo, el Secretario Administrativo Omar Plaini, miembro del gremio de Canillitas, impulso desde la Secretaría Administrativa de la CGT una serie de reuniones con referentes de empresas recuperadas para abordar la problemática de este tipo de cooperativas. Eran tiempos dónde la CGT se vinculó fuertemente con los movimientos sociales.

De esos encuentros surgieron dos propuestas de trabajo, la primera fue impulsar la Ley de Expropiación del Hotel Bauen, que finalmente fue aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Macri, llevada en mano por Plaini al Senado.

Luego del trabajo elaborado por la Universidad de La Plata, se redactó un texto consensuado con por diferentes federaciones y luego presentado a la propia gobernadora. Una revisión final de esta ley, con inclusiones de derechos a favor de los trabajadores fue impulsada por la Dirección de Empresas Recuperadas de la Provincia de Buenos Aires durante toda la gestión de Vidal.

El proyecto de la CGT había recogido el guante respecto de la mirada del Estado (del Ejecutivo y de la Corte) y propuso modificar la normativa vigente entonces, desde dos aspectos, el primero de ellos vinculado la defensa de los procesos y los derechos de los trabajadores y las cooperativas que lo conforman, para lograr darle independencia del Estado y darle viabilidad y permanencia a los emprendimientos y un segundo aspecto que es el de proteger al fisco provincial de los juicios expropiatorios que han recaído en su contra, cuya estimación final podría al alcanzar los 4000 millones de pesos a Diciembre de 2018.