Los manifestantes recordaron que en aquella ocasión la protesta terminó con heridos, detenidos y destrozos, tras una fuerte intervención de las fuerzas federales. Para esta jornada, el juez Roberto Gallardo prohibió expresamente su participación, tras un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN.

Esta decisión judicial dejó la seguridad del operativo en manos del Gobierno porteño, lo que desató una fuerte reacción del Ministerio de Seguridad, que denunció al magistrado por supuesta intromisión en la división de poderes. A su vez, la poca presencia policial en la jornada de este miércoles permitió que la marcha se desarrollara en paz.

A la misma hora, la Cámara de Diputados trataba reformas previsionales, lo que agregó un condimento más al malestar de los manifestantes. “Reclamamos paritarias libres, homologación de convenios, aumentos de emergencia para jubilaciones y pensiones, actualización del bono y el fin de la represión a la protesta social”, expresó la CGT en un comunicado.