
Organismos de derechos humanos, víctimas del terrorismo de Estado y referentes sociales repudiaron el fin de semana el traslado de 19 represores condenados por crímenes de lesa humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo, una prisión del Servicio Penitenciario Federal con condiciones diferenciadas. Entre ellos se encuentra Alfredo Astiz, uno de los símbolos más notorios de la represión ilegal en la ESMA.
Una medida bajo fuego: “Una provocación al pueblo argentino”.
Desde H.I.J.O.S Capital y otros colectivos afirmaron que la medida constituye un “beneficio encubierto” para genocidas y una peligrosa señal de retroceso en la política de derechos humanos. La cárcel en cuestión ofrece condiciones carcelarias superiores, con acceso a talleres, espacios recreativos y régimen más flexible.
“Los genocidas no padecen la sobrepoblación carcelaria como el resto de la población privada de libertad”, denunciaron.
¿Quiénes fueron trasladados?
Los 19 represores trasladados tienen condenas firmes por delitos de lesa humanidad. Entre ellos figuran:
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Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Carlos Suárez Mason (hijo) y otros represores de la ESMA.
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Militares del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), como Luis Donocik y Gerardo Arráez.
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Marcelo Cinto Courtaux, condenado por la represión a la Contraofensiva Montonera.
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El uruguayo Manuel Cordero Piacentini, por su rol en el Plan Cóndor.
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Y Raúl Guglielminetti, ex miembro del Batallón 601.
Todos ellos se suman a los 52 represores que ya estaban en Campo de Mayo, incluidos Christian von Wernich y Juan Daniel Amelong.
El trasfondo político: retrocesos y negacionismo
El traslado fue ejecutado bajo la administración del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, con el argumento de aliviar la sobrepoblación en Ezeiza. Sin embargo, la decisión resuena en un contexto de creciente preocupación por el avance de discursos negacionistas impulsados por dirigentes como Victoria Villarruel.
Referentes como Ana Careaga y Guillermo Pérez Roisinblit alertaron sobre la gravedad simbólica del traslado, y recordaron que las víctimas tienen derecho a ser consultadas antes de otorgar beneficios.
Organismos piden que se respete el consenso histórico
A pesar del intento de sectores afines al gobierno por relativizar las condenas a represores, la sociedad civil y organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo continúan reclamando el cumplimiento efectivo de las sentencias y el rechazo a privilegios para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Gentileza de infonews Cooperativa.-
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