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Excombatiente de la guerra, contó las humillaciones a las que fueron sometidos él y sus compañeros por intentar conseguir comida en el combate. «Ayer combatimos por la Patria y hoy lo hacemos por la vida», contó.
Corrientes, una de las provincias que más soldados envió a las islas durante la guerra, fue uno de los puntales para el nuevo enfoque sobre las Malvinas y sus hombres, gracias al testimonio de quienes sufrieron y fueron testigos de los mecanismos de torturas que las fuerzas aplicaron durante el conflicto contra sus propias tropas.
«Cuando volvimos tuvimos la imposición del silencio, pero nunca me callé», dice a Télam Roque Zabala al otro lado del teléfono desde la ciudad correntina de Goya, donde inició a costo de tiempo y esfuerzo, para convencer incluso a sus propios camaradas, el recorrido hacia la justicia por los castigos que vio de manos de sus superiores.
Zabala no se considera un veterano de guerra, se autopercibe «combatiente, sin ex», y lo explica: «Ayer combatimos por la Patria y hoy lo hacemos por la vida», dice este hombre de 59 años, quien, además de presidir el centro que los soldados formaron en su ciudad, es el representante del sector ante el PAMI en la zona.
Zabala, un hombre de la clase 1962, cumplía el servicio militar obligatorio en la Marina cuando fue llevado a la guerra.
«Me destinaron a fines de 1981 a la infantería de Marina y con dos meses de instrucción en La Plata, me trasladaron a Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, y a nueve meses de haberme incorporado, me mandaron a Malvinas. Llegué en un avión Hércules C130 a las islas el 9 de abril, un sábado previo a las Pascuas», recuerda.
Luego de tres días en la zona del pueblo, como le llamó Zabala, su compañía de misiles antitanques llamada «Vantam», fue destinada a Monte Williams, enclave estratégico para la defensa de Puerto Argentino.
La situación comprendía el robo de esa lata, en principio, de donde nadie supo, hasta que Sinchicay apareció a los empujones y con un culatazo dado por un cabo de apellido Lamas.
«Hubo un ensañamiento de los suboficiales con quienes éramos conscriptos y eso se vio en el trato a Sinchicay; Lamas lo estaqueó, lo ató de pies y manos en el suelo, sobre la turba estuvo atado tres días y sus noches, con 20 a 25 grados bajo cero, con nieve y bajo fuego de artillería, sin comer ni beber», recuerda Zabala.
Y sigue: «Le tiraron encima una lona de carpa, pero nosotros no podíamos ni caminar por el frío y Ricardo estuvo ahí en la intemperie; un día me acerqué y le di tres bocados de polenta y un poco de agua, pero me pidió que me fuera, que me iban a ver, aunque no me importó».
«Él sobrevivió y lo pude encontrar, tuve el privilegio de reencontrarme en 2008, cuando nos acompañó en un congreso provincial de ex combatientes que se organizó en la localidad de Santa Lucía y donde contó en primera persona lo que había ocurrido, lo que vivimos, pero se quebró y solo atinó a abrazarme», cuenta Zabala.
De Lamas no se supo más nada, solo el recuerdo de la tortura aplicada por este suboficial de la compañía Nacar que integraba el Batallón 5 de Tierra del Fuego.
El testimonio del soldado goyano remonta una experiencia que, dice, «me hizo sentir shockeado hasta el día de hoy».
«Yo no me puedo despegar de Malvinas, no solo por el combatiente que fui, sino porque amo lo que hago, para reivindicar a quienes fuimos a las islas como parte de mi vida», subraya.

La causa por torturas
La causa Malvinas dio un giro en 2007, cuando decenas de ex combatientes revelaron una serie de torturas sufridas durante la guerra y el testimonio se convirtió en un expediente judicial que hasta la actualidad no ha llegado a juicio pero que con cada aniversario reactualiza el padecimiento de quienes debieron quedar bajo el yugo de las prácticas condenadas a la dictadura que gobernó el país hasta 1983.
Corrientes, una de las provincias desde donde fueron movilizados uno de los mayores números de soldados, encaró el camino de la formalización de las denuncias, que habían comenzado a ganar espacio en las asambleas de los centros de ex combatientes de la provincia a través de una coordinadora que hoy preside Zabala.
Así, en abril de 2007, con impulso de las organizaciones, quien por entonces ocupaba el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, formalizó la causa en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, bajo cuya jurisdicción se encuentran las islas argentinas.
Vassel concurrió al despacho de la jueza Lilian Herráez junto a los ex soldados Orlando Pascua y Roque Zabala, de Corrientes y de Goya, respectivamente.
Luego de una serie de audiencias que recorrieron el país, la causa recogió alrededor de 100 casos, con los testimonios de víctimas y de los testigos de estaqueamientos, reducción a la servidumbre y otras formas graves de maltrato a los soldados que cumplían el servicio militar obligatorio cuando se declaró la guerra.


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