Conviene saber qué hizo esa ley. Fijó un diputado cada 161.000 habitantes, sumó tres bancas adicionales a cada distrito sin importar su población y estableció un piso de cinco diputados por provincia. Así, una provincia con menos de 200.000 habitantes quedó con la misma cantidad mínima de diputados que otra con una población varias veces mayor. No fue una cuestión matemática: fue una decisión tomada en un contexto de transición, pensada para otro país y otro momento histórico.

Desde entonces, nadie se animó a revisar seriamente sus consecuencias. El resultado es una cámara que ya no refleja a la Argentina de hoy. La Provincia de Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población y tiene 70 de las 257 bancas: poco más del 27%. En el otro extremo hay diputados que representan a menos de 40.000 personas, mientras otros representan a más de 250.000. El peso de un ciudadano en la integración de la cámara puede ser varias veces mayor que el de otro simplemente por el lugar en donde vive.

Córdoba y Santa Fe crecieron. Mendoza creció. Buenos Aires creció. La distribución de bancas, en cambio, sigue congelada en una fotografía de 1983. Y esto no es culpa de ninguna provincia: es consecuencia de una fórmula que dejó de representar la realidad demográfica del país.

Esto no es una opinión. Es aritmética. El artículo 45 de la Constitución establece el criterio poblacional para integrar la Cámara de Diputados y ordena que, después de cada censo, el Congreso fije nuevamente la representación con arreglo a sus resultados. Desde 1983 hubo cuatro censos nacionales: 1991, 2001, 2010 y 2022. En ninguno de ellos el Congreso corrigió de manera integral la distribución de bancas. La política eligió no discutirlo, y cada vez que se posterga una discusión incómoda la distorsión se agranda.

Quiero ser muy claro en un punto, porque es el corazón de este debate: esto no es contra ninguna provincia. Somos profundamente federales, y precisamente por eso hay que respetar el diseño federal que establece nuestra Constitución. En el Senado las provincias son iguales: cada distrito tiene tres senadores, tenga unos pocos cientos de miles de habitantes o más de 17 millones. Esa es la garantía constitucional del federalismo. La Cámara de Diputados, en cambio, representa al pueblo en función de su población. Una provincia, el mismo valor en el Senado. Un ciudadano, el mismo valor en Diputados.

Respetar ese equilibrio no debilita a las provincias más pequeñas. Al contrario: fortalece el verdadero federalismo, porque devuelve al Senado su sentido pleno y a la Cámara de Diputados su legitimidad representativa. Nuestro objetivo no es crear una nueva distorsión, sino corregir una que lleva más de cuarenta años.

También debemos ser responsables con la realidad. Si aplicáramos literalmente la base poblacional prevista en la Constitución, la Cámara debería multiplicar varias veces su cantidad de integrantes. Nadie en su sano juicio puede proponerles eso a los argentinos. No vamos a pedirle a una sociedad que hizo un esfuerzo enorme para ordenar las cuentas públicas y achicar el Estado que ahora pague cientos de políticos nuevos. Ni uno más.

Por eso el proyecto que presenté en 2023 no crea una sola banca. Las 257 que existen siguen siendo 257. Lo que cambia es el criterio de distribución: un diputado cada 210.000 habitantes o fracción no menor de 105.000, según el último censo nacional, con un piso de tres diputados por distrito para que ninguna provincia quede sin una representación mínima y un techo de ochenta para evitar una concentración excesiva. El proyecto prevé además una transición gradual a lo largo de las sucesivas renovaciones.

No queremos más diputados. Queremos que los 257 que ya existen representen mejor a los argentinos. Con esa regla, Buenos Aires recupera parte de la representación que su población justifica. Córdoba y Santa Fe adecuan su participación a su crecimiento demográfico y Mendoza pasa de diez a doce diputados. Porque también hay que decirlo: nuestra provincia está entre las que hoy tienen una representación inferior a la que le corresponde por población.

Los argentinos nos dieron un mandato que no se agota en ordenar la economía. También nos pidieron corregir distorsiones y revisar estructuras que durante décadas parecieron intocables. Y que el voto de un ciudadano pese mucho más que el de otro para definir la composición de Diputados es una de las distorsiones más antiguas y silenciosas de nuestra democracia. No aparece en ningún presupuesto, pero tiene un costo enorme: debilita la legitimidad de la representación política.

Esto no es una pelea por bancas. Es algo mucho más simple y mucho más grande: que los ciudadanos sepan que el domingo de elecciones, cuando entran al cuarto oscuro, su voto tiene el mismo valor que el de cualquier otro argentino. Que nadie vale más y que nadie vale menos. Que ningún ciudadano es más o menos argentino por el lugar donde nació o por la provincia en la que eligió vivir.

La Argentina cambió, creció y se transformó. Es hora de que su representación política también lo haga. No para beneficiar a una provincia ni para perjudicar a otra, no para favorecer a ningún partido,
sino para recuperar un principio elemental de cualquier democracia representativa: un ciudadano, un voto, un mismo valor.

Cuarenta y tres años después de haber recuperado nuestras instituciones, seguimos repartiendo las bancas con una regla que dictó el último gobierno militar. Ya es hora de cambiarla, para que la democracia que recuperamos en 1983 termine, finalmente, de escribir sus propias reglas.

Agencia NA.-Foto Carlos Zampini.

@modozetarp