El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT), Gabriel Solano, presentó un proyecto de ley por la separación de la Iglesia del Estado porteño. El texto plantea terminar con las eximiciones impositivas con el que cuentan las propiedades religiosas según el código fiscal, anular las cesiones de tierras e inmuebles y eliminar los subsidios que reciben las entidades religiosas.
«Con las 612 instituciones religiosas y educativas que están exentas de pagar ABL, la Iglesia se ahorra $400 millones anuales lo que representa un 5% del ingreso total de ABL que tiene la Ciudad mientras que los trabajadores sufren aumentos de este impuesto que confisca su salario. A esto se le suman las exenciones impositivas, y las propiedades de uso privado como garajes y hasta el propio Luna Park”, denunció el edil del Partido Obrero (PO).
“Estos beneficios económicos dan cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un Estado confesional. La manifestación más evidente de esto ocurre en materia educativa, donde casi la mitad de la matrícula estudiantil está en la educación privada-confesional», describió y apuntó contra el resto del arco político: «Esta política fue aplicada por todas las fuerzas políticas que gobernaron la Ciudad, desde la centroizquierda ibarrista hasta el macrismo, pasando por el kirchnerismo”.
Para el PO, los beneficios económicos que cede el Estado porteño «ascienden a sumas millonarias, todos estos recursos son utilizados por el clero para ser un factor de bloqueo y contención de la lucha de las masas y a su vez para oponerse a la implementación de reivindicaciones elementales de las mujeres como lo demostraron contra el aborto legal, seguro y gratuito».
La izquierda y, especialmente el PO, fogonea en otros distritos del país reformas legislativas similares para poner fin a los privilegios económicos que goza la Iglesia Católica en Argentina. A mediados de agosto, los diputados provinciales de Salta, Claudio del Plá y Arturo Borelli, presentaron una iniciativa en la legislatura de esa provincia para derogar los artículos 126 y 275 del Código Fiscal Provincial, que no permiten al Estado cobrar tributos inmobiliarios ni sellos sobre los bienes de la institución del Vaticano.
Ambos dirigentes del PO solicitaron primero un informe a la Dirección de Inmuebles de la Provincia, la cual precisó que la entidad posee 212 inmuebles, «entre los que hay casi 400 hectáreas rurales y un número muy alto de muchos miles de metros cuadrados cubiertos y de propiedades de altísimo valor inmobiliario», aseguró Del Plá. Nota gentileza de Infonews.-
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