Greenpeace denunció penalmente la matanza masiva de pingüinos en Punta Tombo: piden el embargo del campo

La Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina denunciaron penalmente a los autores materiales y/o intelectuales que aniquilaron cientos de pingüinos de Magallanes en la reserva natural Punta Tombo, en Chubut. Además, le exigieron al Estado que tome medidas urgentes para reparar el daño y evitar más crímenes ambientales y pidieron el embargo del campo para sumarlo a la Reserva de Fauna.

La denuncia se elevó ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la provincia para «exigir una investigación penal a fondo con motivo de la masacre perpetrada en la Reserva Punta Tombo».

“Entendemos que estamos ante un Ecocidio por haberse generado un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”, sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.

Medidas urgentes

A la denuncia por maltrato animal, encuadrado en la ley 14.345 -cuyas penas tienen consecuencias casi nulas hacia el victimario- sumaron otros tipos penales como el Delito de Daño y posiblemente, el delito de Estrago (art. 183 y 186 del CPA).

En este marco, le exigen a la fiscalía interviniente que «disponga de manera inmediata el traslado de los pingüinos afectados a un Centro de Atención y Recuperación Animal no Humano; la presentación, en un plazo 5 días, de un plan de reinserción de los pingüinos que fueran oportunamente trasladados por parte de las autoridades de la Reserva». El objetivo es asegurar «el bienestar animal, el manejo de la especie y la integridad física».

«Se debe efectuar una ficha médica por cada pingüino asesinado y herido, y se debe designar un equipo de expertos en ciencias biológicas y veterinarias de la Reserva a fin de realizar el seguimiento de la evolución de los mismos», afirmaron.

Tierra de nadie y un país sin delito ambiental penal

Como quedó visto, esta reserva de pingüinos de Magallanes carece de un plan de protección integral seguro y de control que garantice la vida de los animales que allí habitan. Por eso, tanto Greenpeace Argentina como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas también entienden que esta masacre debe marcar un hito para que se adopten acciones concretas urgentes por parte del Poder ejecutivo provincial.

«Se sugiere que se exhorte a la Administración de la Reserva y las reparticiones ministeriales provinciales competentes a diseñar una planificación de la Gestión Institucional de la Reserva, con el deliberado propósito de garantizar el bienestar y dignidad animal, para los pingüinos existentes y otros animales no humanos», escribieron en la denuncia.

Las organizaciones, además, insisten en la necesidad de presentar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. «Argentina no posee regulaciones penales-ambientales claras ni contundentes que estén a la altura de la presente crisis ecológica, agravada por la pandemia por COVID-19, íntimamente ligada a los daños que se producen sobre la naturaleza y la madre tierra. En rigor, las fiscalías no cuentan con herramientas legales contundentes para enjuiciar, condenar y exigir recomposición del daño ambiental que se correspondan con los grandes crímenes ambientales producidos en nuestro país, durante los últimos años», señalaron.

Gentileza de MinutoUno.-

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